El acuerdo comercial entre Ecuador y China, firmado por el Gobierno en mayo pasado, se encuentra actualmente en proceso de aprobación interna, un proceso que ha suscitado inquietudes en algunos sectores y esperanzas en otros.

De acuerdo con el procedimiento constitucional establecido, el acuerdo comercial fue publicado en el Registro Oficial el pasado 28 de agosto. Ahora, se encuentra en un período de espera de diez días, durante los cuales la ciudadanía tiene la oportunidad de impugnar o defender su constitucionalidad. Una vez transcurrido este período, la Asamblea Nacional deberá dar su aprobación final antes de que el presidente de la República pueda ratificarlo, como lo ha determinado la Corte Constitucional (CC).

En este contexto, diversas organizaciones, entre ellas Acción Ecológica, han expresado preocupaciones y señalado posibles amenazas asociadas al acuerdo comercial. Sus inquietudes se centran en los cambios normativos que podrían ser necesarios para garantizar el cumplimiento del tratado, lo que podría llevar a una pérdida de soberanía en cuanto a la capacidad de Ecuador para establecer sus propias normativas internas. También expresan preocupación por la asimetría en las negociaciones, argumentando que la realidad de Ecuador y la de China son abismalmente diferentes. Además, resaltan que China es uno de los principales acreedores de la deuda ecuatoriana, lo que podría influir en las relaciones comerciales.

Un punto particular de inquietud es el capítulo de cooperación económica relacionado con la pesca, que permitiría la operación de buques fábrica en Ecuador. Esto ha generado preocupación sobre la posible explotación de recursos marinos y la posterior entrada de productos procesados al mercado ecuatoriano.

En contraposición, el Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE) muestra un enfoque optimista hacia el acuerdo comercial. Consideran que brindará mayores oportunidades para los productos ecuatorianos en mercados internacionales, lo que podría impulsar el crecimiento económico y las exportaciones. Aunque están abiertos a considerar todas las opiniones, el CEE no ha encontrado vicios de inconstitucionalidad en el acuerdo y cree que se han tomado medidas para proteger a los sectores productivos nacionales.

El debate en torno al acuerdo comercial continúa, y tanto las organizaciones como los empresarios están expresando sus puntos de vista y preocupaciones. La Corte Constitucional tendrá la responsabilidad de considerar estos aspectos en su dictamen final, y la Asamblea Nacional tomará una decisión definitiva sobre la ratificación del acuerdo. Mientras tanto, la discusión sobre los posibles beneficios y riesgos del acuerdo comercial con China sigue siendo un tema relevante en la agenda nacional de Ecuador.

Fuente: El Universo